Escrito por Marcia Morales

El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, presidido por la doctora Alba Luz Ramos Vanegas e integrado por los magistrados Marvin Aguilar García, Juana Méndez Pérez y Virgilio Gurdián Castellón, aprobó este 4 de febrero el Protocolo estandarizado de  actuación judicial para procesos penales en delitos de violencia sexual contra niños, niñas o adolescentes.

El protocolo fue presentado al Consejo por la doctora María Fabiola Betancourt Benavente, jueza Primero de Distrito Penal Especializado en Violencia de Managua, quien formó parte de la comisión que elaboró dicho instrumento.

La comisión también está integrada por la doctora Adda Benicia Vanegas Ramos, magistrada de la Sala Penal Especializada en Violencia y Adolescencia del Tribunal de Apelaciones de Managua; y los doctores Aleyda Irías Mairena, Jueza Segundo de Violencia; Róger Sánchez, Juez Primero de Adolescentes; Silvio Grijalva, asesor de la CSJ y Anuar Quesillé, quien ajustó el protocolo a los estándares internacionales.

El  objetivo  de este instrumento es proporcionar directrices que cumplan con los estándares de Derechos Humanos, perspectiva de género y una protección reforzada a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, para garantizar efectivo acceso a la justicia.

El protocolo debe ser aplicado por los Juzgados de Distrito Penal Especializados en Violencia, los designados por Ministerio de Ley y de Distrito Penal de Adolescentes, en los casos de violencia sexual donde las víctimas sean niños, niñas o adolescentes.

El CNACJ orientó que con el fin de fortalecer las capacidades del talento humano, el personal del Poder Judicial que interviene en la tramitación de procesos penales en casos donde niñas, niños o adolescentes sean víctimas de violencia sexual, el Instituto de Altos Estudios Judiciales, en coordinación con la Secretaría Técnica de Género, deberá implementar un programa de formación especializada con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y generacional para la  protección a la niñez y adolescencia, haciendo uso del protocolo.

El documento y la formación especializada, constituyen una contribución para el cumplimiento de las recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas formuló al Estado de Nicaragua el año 2010, orientadas a  “ofrecer a los niños víctimas protección frente a las amenazas de nuevos malos tratos” y “garantizar que los niños víctimas tengan acceso a la justicia, en particular ayudándolos a sufragar las costas procesales y a obtener una indemnización, así como a un recurso efectivo, y que el sistema de justicia penal no los vuelva a victimizar”. 

De igual forma, fortalece los esfuerzos del Estado para dar cumplimiento a la recomendación 125.239 del Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos durante el año 2019, relacionado con “Elaborar estrategias para hacer frente a la violencia reinante contra las mujeres y las niñas, incluidos los femicidios y el abuso sexual”.